Gestión Pública de intereses privados

La visión patrimonial del Estado es un elemento constitutivo del sistema político mexicano. Sin importar nivel de gobierno o procedencia partidista, las autoridades han considerado y consideran que los recursos públicos son propiedad de los titulares del gobierno en turno. Entonces en el imaginario popular las frases como “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error” o “Ya me hizo justicia la Revolución” se justifican en el entendido de que el gobernante tiene derecho a lucrar o beneficiarse económica y políticamente de los recursos que la sociedad le encomienda mientras dura su encargo.

Escandaliza la operación de los gobernadores de Veracruz y Puebla repartiendo recursos para que el PRI gane la elección de julio. Llama la atención que el Secretario de Finanzas del Distrito Federal encabece importantes actos de reparto de programas sociales con recursos de la Ciudad. Son los casos del momento, pero esta cultura patrimonial está presente en todos los niveles de gobierno. El hecho por ejemplo de que se administren algunos baños públicos de los mercados de la Ciudad por parte de grupos de locatarios para lucrar con las cuotas o bien que se permita utilizar la vía pública para el comercio informal o se conceda el cobro de cuotas a ligas deportivas en espacios comunitarios son ejemplos de la cotidianidad de esta conducta y de qué manera se ha interiorizado como práctica cultural.

La visión patrimonial en quienes ostentan cargos públicos es una oportunidad para todo tipo de negocios, el narcotráfico encuentra contrapartes dispuestas a enriquecerse y también los negocios lícitos – grandes y prestigiosas empresas nacionales y trasnacionales – contratan gestores de primer nivel para generar decisiones favorables a sus intereses. La gestión pública de intereses privados es un juego de todos, por eso es tan complejo generar alternativas para una correcta gestión de recursos con visión de Estado y de Bien Común.

El tema trasciende a la esfera gubernamental. La forma de gestión social de muchos líderes de asociaciones vecinales y populares en el Distrito Federal parte de la lógica de representación de intereses ciudadanos para beneficios particulares. Se firman opiniones favorables de cambio de uso de suelo o se  omite denunciar irregularidades en las colonias a cambio de dinero y beneficios, o bien, las organizaciones populares gestionan recursos públicos – condonaciones en tarifas de agua, créditos para mejoramiento de vivienda, apoyos sociales – y entregan votantes al partido gobernante en las elecciones.

Si aspiramos a un fortalecimiento de la sociedad para dar cauce a un Estado que opere con el criterio de interés público, es indispensable generar condiciones efectivas para un control social de lo público.  Y en este sentido, México tiene grandes retos:

1. Existe un control estatal respecto de lo social, en donde lo público no es precisamente la representación del Estado si no de un  conjunto de intereses  facciosos que utilizan los recursos para beneficio particular, en un ámbito de reglas poco claras la decisión se personaliza y tiene un valor económico específico;
2. Coexiste un conjunto de representantes sociales (Sindicatos, Cámaras, Organizaciones Campesinas, Populares, entre otros) que ejercen ciertos mecanismos de gestión y control de los recursos públicos (Legislación, Programas Sociales, Determinaciones Judiciales, etc.) para la promoción de intereses particulares a cambio de obtener oportunidades de negocio.

Es indispensable regular las actividades de cabildeo de servidores públicos de todos los ámbitos y Poderes del Estado, en Argentina se obliga en materia de Transparencia a los funcionarios a dar a conocer las reuniones que sostienen con representantes privados. Además, es necesario regular la gestión de programas sociales con la finalidad de instaurar una Contraloría Social autónoma, verdaderamente autónoma, con la participación de beneficiarios de los mismos pero también de expertos y académicos que realicen evaluaciones independientes a la ejecución de recursos.